En octubre de 1985, la joven democracia argentina enfrentaba un clima de tensión política y amenazas. En medio de la campaña para las elecciones legislativas, el presidente Raúl Alfonsín tomó una decisión drástica: firmó el Decreto 2049/85, autorizando la detención sin juicio previo de doce personas.
El decreto, firmado el 22 de octubre, ordenaba la detención por 60 días de seis militares y seis civiles acusados de intentar desestabilizar al gobierno. La medida, justificada por el gobierno por la necesidad de mantener el orden y la seguridad, se tomó sin pruebas judiciales sólidas y antes de la declaración formal del Estado de Sitio, lo que generó controversia y cuestionamientos sobre su legalidad.
Entre los detenidos se encontraban figuras de alto perfil como el general retirado Guillermo Suárez Mason, vinculado a crímenes de la dictadura, y el reconocido analista político Rosendo Fraga, una voz crítica del gobierno radical. La detención de Fraga, junto a otros civiles sin vínculos con acciones armadas, encendió las alarmas sobre la libertad de expresión en el país.
Tres días después, el 25 de octubre, Alfonsín decretó el Estado de Sitio, ratificando las detenciones y profundizando la polémica. La medida se mantuvo vigente durante las elecciones legislativas del 9 de noviembre, en las que la UCR obtuvo una victoria contundente. Sin embargo, el episodio dejó una mancha en la historia democrática del país.
El caso de Rosendo Fraga, detenido por sus opiniones críticas, se convirtió en un símbolo de la tensión entre la necesidad de mantener el orden y la garantía de las libertades individuales. A pesar de la arbitrariedad de su detención, Fraga continuó su carrera en el análisis político y se convirtió en una figura destacada en los medios de comunicación.
Este episodio, a menudo silenciado en los relatos históricos, sirve como recordatorio de la fragilidad de las instituciones democráticas y la importancia de la defensa irrestricta de la libertad de expresión. La decisión de Alfonsín, aunque tomada en un contexto complejo, sentó un precedente peligroso sobre el poder del Ejecutivo para silenciar las voces disidentes.