El nuevo texto del proyecto que se enviara para ser tratado por las dos cámaras relata la eliminación y quita de haberes vitalicios para altos funcionarios del poder.
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| LEY OMNIBUS: Milei va en busca de eliminar las jubilaciones de privilegio |
En una movida inesperada, el Gobierno encabezado por Javier Milei ha presentado un nuevo texto de la Ley Ómnibus ante el Congreso, en un esfuerzo por ganar el respaldo de la oposición más dialoguista. El proyecto, enviado pasadas las 9 de la mañana del lunes, busca convencer a la oposición tras la eliminación de más de 100 artículos y ajustes en aspectos críticos, como la fórmula de movilidad jubilatoria.
Una de las decisiones que destaca en este nuevo enfoque es la eliminación de las jubilaciones vitalicias para el presidente y el vicepresidente, un gesto que busca poner fin a lo que el Gobierno denomina "privilegios de la casta". Sin embargo, sorprendentemente, esta medida no se extiende a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes tendrán un papel crucial en el futuro del capítulo laboral del polémico DNU del presidente.
Según fuentes gubernamentales, esta acción representa el fin de una era en la que los presidentes accedían a jubilaciones millonarias y vitalicias. A partir de la sanción de la ley, el presidente y el vicepresidente estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Es importante destacar que esta medida no afectará a las jubilaciones actuales de figuras como Cristina Kirchner o Alberto Fernández, sino que se aplicará a partir de la sanción de la ley, afectando en primer lugar a Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia quedará exenta de esta eliminación de beneficios. Los jueces mantendrán sus asignaciones mensuales vitalicias incluso después de cesar en sus funciones. Este gesto llega poco después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo allanara el camino para que el Gobierno lleve el recurso extraordinario contra la medida cautelar de la CGT ante la Corte Suprema.
Esta estrategia, liderada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, refleja la creencia de que la Corte Suprema será quien finalmente decida sobre la cuestión. Mientras tanto, el capítulo laboral del DNU presidencial permanecerá suspendido hasta que la Corte tome una decisión al respecto.
Este episodio marca un nuevo capítulo en la batalla legislativa y judicial en torno a la Ley Ómnibus, con la Corte Suprema desempeñando un papel clave en la resolución de las disputas en el mes venidero.