El exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron hallados culpables de contrabando por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, equivalente a la AFIP argentina.
El fallo se basa en el incidente ocurrido el 4 de diciembre de 2023, cuando Kueider y Costa fueron detenidos en el Puente de la Amistad, frontera entre Paraguay y Brasil, con más de 200 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3.9 millones de guaraníes paraguayos sin declarar. Además, se encontraron tres maletas vacías en su vehículo.
Esta determinación administrativa de la DNIT podría complicar la situación de Kueider en la causa penal paralela que se lleva a cabo en Paraguay, donde el contrabando se castiga con penas de prisión.
Consecuencias del fallo administrativo
Como resultado del fallo, la DNIT ordenó el decomiso del dinero y el remate de la camioneta en la que se transportaban, cuyo valor se estima entre 20 y 25 mil dólares. Los fondos recaudados se destinarán al Presupuesto General de la Nación paraguaya.
La defensa de Kueider y Costa, que alegaba que el dinero pertenecía a una sociedad que ambos poseían en Paraguay, fue desestimada por la DNIT. El organismo argumentó que ni Kueider ni Costa tenían arraigo, residencia fiscal o documentación que los acreditara como representantes de dicha empresa.
Actualmente, Kueider y Costa cumplen arresto domiciliario en un hotel, luego de que se vieran obligados a abandonar su anterior domicilio por quejas de los vecinos.
Su abogado, Ricardo Preda, podría intentar impugnar la resolución de la DNIT en la justicia ordinaria.
Implicaciones para la causa judicial
El juez de Garantías, Humberto Otazú, extendió hasta el 5 de junio el plazo para que el fiscal Ysrael Villalba concluya la investigación por contrabando en grado de tentativa.
Según Oscar Orué, titular de la DNIT, la resolución administrativa podría agravar la causa judicial, ya que confirma la infracción aduanera, considerada un delito en el código penal paraguayo.
La defensa de Kueider intentó argumentar que el dinero incautado no constituía un "bien" y, por lo tanto, no podía ser objeto de contrabando. Sin embargo, este argumento fue rechazado por la DNIT. Ahora, los abogados buscarán anular la resolución para evitar que influya en el proceso judicial.
La justicia paraguaya había solicitado previamente a la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado, quien investiga a los acusados en Argentina, más detalles sobre su pedido de extradición.