La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó la prisión preventiva para la antigua cúpula del Servicio Penitenciario provincial (SPC), incluyendo a su ex jefe, Juan María Bouvier, acusados de liderar una asociación ilícita.
El fiscal Enrique Gavier, a cargo de la investigación iniciada a fines de 2023, sostiene que Bouvier orquestó una red de corrupción dentro del SPC. La prisión preventiva, inicialmente dictada por el juez de Control José Milton Peralta, busca evitar la obstrucción de la justicia y asegurar la realización del juicio.
Los abogados defensores apelaron la decisión del juez Peralta, pero el tribunal de Acusación, compuesto por los vocales Maximiliano Octavio Davies, Patricia Alejandra Farías y Carlos Alberto Salazar, ratificó la medida en un fallo emitido el viernes.
La fiscalía acusa a Bouvier de ser el jefe y organizador de una asociación ilícita que operaba dentro de las cárceles de la provincia. Los demás miembros de la cúpula, incluyendo a Diego Martín Ayala, Darío José Tello Pajón, Víctor Hugo Vivas, Silvia Guadalupe Barbero y Héctor Hugo Robledo, están acusados de ser jefes intermedios o miembros de la organización. Se les imputan delitos de extorsión, extorsión reiterada y tentativa de extorsión.
El accionar de la asociación ilícita
Según la investigación, desde 2015 hasta las detenciones en 2023, la organización se dedicaba a lucrar con las decisiones tomadas dentro del SPC. Esto incluía el ingreso de celulares y dispositivos electrónicos a las cárceles, facilitando la comisión de delitos desde el interior de los penales.
La fiscalía señala que la corrupción se extendía a todos los niveles del SPC, desde la máxima autoridad hasta los funcionarios de menor jerarquía. Se menciona la participación de funcionarios de cárceles como Bouwer, Villa María y Cruz del Eje.
Bouvier, el cerebro de la operación
La acusación describe a Bouvier como el responsable de establecer las bases para el manejo irregular de los establecimientos penitenciarios. Se le acusa de colocar a allegados en puestos clave, obstaculizar el ascenso de quienes se oponían a sus planes, omitir controles de seguridad, recibir sobornos a cambio de beneficios para los reclusos e interferir en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Diversas fuentes lo señalan como una persona "que sabía todo", lo que refuerza su posición central en la red de corrupción. Se le atribuye el pase a retiro de personal que representaba una amenaza para la organización, el debilitamiento de las medidas de seguridad y la concesión de beneficios a cambio de dinero.
Rechazo a los argumentos de la defensa
El tribunal de Acusación desestimó los argumentos de la defensa y mantuvo la prisión preventiva para todos los imputados. En el caso de Barbero, se destaca la eliminación de información de su celular como un intento de obstruir la justicia.
Los camaristas concluyeron que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva no han cambiado y que medidas menos gravosas no serían suficientes para evitar los riesgos procesales.