Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una compleja situación judicial y con las elecciones acercándose, ha recurrido a una estrategia familiar: cuestionar la imparcialidad de los jueces.
La expresidenta anunció, a través de sus redes sociales, la recusación del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien debe intervenir en la causa Vialidad. En esta causa, Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Recusación con trasfondo político
Fernández de Kirchner argumentó su decisión basándose en declaraciones públicas de Lorenzetti, vinculándolas con supuestas amenazas previas a la votación del pliego del juez Ariel Lijo. "Sus declaraciones públicas (...) no hacen más que confirmar las veladas amenazas en off vertidas en el diario Clarín", escribió la exvicepresidente, refiriéndose a una entrevista que Lorenzetti concedió el 1 de mayo.
Cristina Kirchner interpretó estas declaraciones como una muestra de parcialidad y las conectó con una supuesta maniobra para excluirla de la competencia electoral. Para fortalecer su postura, añadió que estos hechos fueron denunciados públicamente por una senadora y nunca desmentidos, sino ratificados por el propio Lorenzetti.
En un discurso con tintes de victimización política, Fernández de Kirchner sentenció: "En realidad, nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo... y el sujeto, el PERONISMO". Sin embargo, el momento y el tono de la recusación sugieren una estrategia para retrasar una definición judicial que podría apartarla definitivamente de la política.
Declaraciones de Lorenzetti y estado de la causa
En la entrevista mencionada, Lorenzetti respondió afirmativamente a la pregunta sobre si la Corte fallaría en la causa Vialidad antes de las elecciones, argumentando que no había razones para demorar la decisión. Actualmente, la Corte Suprema solicitó la opinión del Procurador General sobre los recursos de queja, mientras que el fiscal busca un agravamiento de la pena por asociación ilícita.
Si la condena es confirmada, Cristina Kirchner no podrá participar en elecciones ni ocupar cargos públicos, una posibilidad que genera inquietud en el peronismo bonaerense, donde aún se especulaba con una candidatura legislativa que le otorgara fueros.
La estrategia de "lawfare" y la "proscripción"
La recusación a Lorenzetti repite la narrativa del kirchnerismo de acusar a la Justicia de actuar con motivaciones políticas. En esta ocasión, con la causa en su etapa final y un fallo firme en el horizonte, la estrategia parece defensiva.
En lugar de abordar los hechos por los que fue condenada -la asignación fraudulenta de obras públicas-, Cristina Kirchner opta por cuestionar la imparcialidad del juez.